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Historia Las Leyes que rigen el Condominio El Portón

Historia Las Leyes que rigen el Condominio El Portón


La primera Ley de Propiedad Horizontal fue promulgada el 22 de marzo de 1966 bajo el número 3670. Esta Ley tomó como referencia Leyes sobre propiedad horizontal ya existentes en México, Venezuela y Panamá, así como un proyecto de Ley costarricense que había sido presentado desde 1954.
El desarrollo urbano que había presenciado Costa Rica desde la promulgación de la Ley, sumado al crecimiento de la población costarricense, el alza en los precios de las propiedades, el encarecimiento del costo de la vida y la posibilidad de distribuir gastos comunes entre los condóminos, causó que en los años ochentas  se viera un incremento en el uso, oferta y adquisición de propiedades constituidas de conformidad con la Ley de Propiedad Horizontal.
El incremento en su aplicación hizo todavía más evidentes las deficiencias de la Ley de Propiedad Horizontal y el espíritu dado a la Ley resultó ser el mayor obstáculo para su implementación en proyectos más grandes y complejos.
El condominio El Portón nace según La Gaceta 137 del 20 de julio de 1990, de la finca con folio real matricula 163,865 del partido de San José.
En 1997 el decreto ejecutivo N° 26259-MIVAH-MP les permitió a los desarrolladores ofrecer proyectos de uso mixto y productos más complejos entre los cuales podemos destacar el denominado Forum, el cual fue desarrollado como un condominio maestro desarrollado en etapas. Sin embargo, el decreto iba más allá de lo dispuesto en la propia Ley y por lo tanto “era totalmente inconstitucional”.
En vista del anterior problema técnico jurídico, la Asamblea Legislativa se dio a la tarea de buscar una nueva Ley que pudiera sustituir a la Ley de Propiedad Horizontal. Así, el 25 de noviembre de 1999 se publica en La Gaceta número 229 la Ley N° 7933 denominada: “Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio”, que es la nos rige actualmente.
No obstante las mejoras que introdujo la Ley Reguladora de la Propiedad en condominio, con su aplicación práctica se evidenciaron problemas y vacíos legales que no fueron regulados en ella, lo que dio lugar a imprecisiones y acciones de inconstitucionalidad contra sus disposiciones.
Podemos decir con certeza que el régimen establecido en la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio hace referencia a la naturaleza jurídica propia de la Propiedad Horizontal. Sin embargo, el término condominio no fue utilizado de manera acertada para describir el régimen establecido en la Ley, pero es comprensible su utilización por parte del legislador con el fin de evitar la limitada aplicación que proveía la Ley de Propiedad Horizontal y su encuadramiento exclusivo a edificios de más de un piso, extendiendo su aplicación a desarrollos de tipo horizontal, vertical y mixto.
En 1999, en el Condominio El Portón, se nos vendió la idea que el reglamento ameritaba que se hiciera un tratamiento diferenciado para la modificación de ciertas normas del reglamento del acta constitutiva que chocaban con la nueva ley. Sin embargo las personas que lo hicieron  modificaron el reglamento proponiendo soluciones que se adecuaron a la realidad práctica del condominio y descuidaron las diferencias entre las filiales. Así consta en el Registro Inmueble inscrito al Tomo 492, Asiento 12319, Consecutivo 01, Secuencia 002 la modificación del reglamento aprobado por 32 condóminos.

La cuota de mantenimiento:
Al promulgarse la Ley de Propiedad en Condominio se estableció en su artículo 20 que la certificación de sumas adeudadas por los condóminos, expedida por el Administrador del condominio y debidamente refrendada por un Contador Público Autorizado constituiría un título ejecutivo hipotecario. Sin embargo, al igual que el artículo 32 de la Ley anterior, este artículo fue declarado como parcialmente inconstitucional ya que le confería potestad certificadora a un sujeto privado: el administrador del condominio.
El voto entonces declaró parcialmente inconstitucional el artículo 20 y lo reformó eliminando la posibilidad de que fuera el administrador del condominio quien  pudiese emitir esa certificación y estableció que la certificación debía ser emitida por un contador público autorizado. Con esta reforma parcial, se creó un vacío en la Ley ya que en lugar de contarse con un procedimiento expedito y eficaz para cobrarles las sumas adeudadas por concepto de gastos comunes a los condóminos, se crea la obligación de acudir a un proceso ordinario civil. En ese proceso ordinario civil se determinará el monto que adeuda el condómino por concepto de cuotas de gastos comunes y a la vez se le garantiza al condómino deudor un debido proceso que incluye todas las garantías procesales establecidas en nuestra Constitución Política. Se cree que prevalece entonces la defensa de quien incumple, en detrimento de todos los demás condóminos que se ven obligados a sufragar las cuotas no pagadas por los morosos en espera del resultado de un largo proceso ordinario. Este hecho no es totalmente cierto para el condominio El Portón el cual estableció una cuota desde el año 2000 que superaba a los gastos ordinarios y que hasta el día de hoy año con año se ha venido incrementando ilegalmente en un 10% según modificación al reglamento original, sin ninguna regulación por parte de los condóminos que asisten a la Asamblea Ordinaria.

El Reglamento de la Ley:
Seis años después de la promulgación de la Ley 7933. Así en La Gaceta número 74 del 19 de abril de 2005 se publica el Decreto Ejecutivo N° 32303-MIVAH-MEIC-TUR denominado Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. Este reglamento derogó el controversial Decreto Ejecutivo N° 26259-

MIVAH-MP y finalmente vino a regular la aplicación de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, pero, como ha sido el caso en el desarrollo histórico de este tipo de propiedad, la legislación ha fallado en satisfacer las necesidades de quienes solicitan y utilizan este tipo de propiedad.

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