Historia Las Leyes que rigen el Condominio El Portón
La primera Ley de Propiedad Horizontal fue promulgada el
22 de marzo de 1966 bajo el número 3670. Esta Ley tomó como referencia Leyes
sobre propiedad horizontal ya existentes en México, Venezuela y Panamá, así
como un proyecto de Ley costarricense que había sido presentado desde 1954.
El desarrollo urbano que había presenciado Costa Rica
desde la promulgación de la Ley, sumado al crecimiento de la población
costarricense, el alza en los precios de las propiedades, el encarecimiento del
costo de la vida y la posibilidad de distribuir gastos comunes entre los
condóminos, causó que en los años ochentas
se viera un incremento en el uso, oferta y adquisición de propiedades
constituidas de conformidad con la Ley de Propiedad Horizontal.
El incremento en su aplicación hizo todavía más evidentes
las deficiencias de la Ley de Propiedad Horizontal y el espíritu dado a la Ley
resultó ser el mayor obstáculo para su implementación en proyectos más grandes
y complejos.
El condominio El Portón nace según La Gaceta 137 del 20
de julio de 1990, de la finca con folio real matricula 163,865 del partido de
San José.
En 1997 el decreto ejecutivo N° 26259-MIVAH-MP les
permitió a los desarrolladores ofrecer proyectos de uso mixto y productos más
complejos entre los cuales podemos destacar el denominado Forum, el cual fue
desarrollado como un condominio maestro desarrollado en etapas. Sin embargo, el
decreto iba más allá de lo dispuesto en la propia Ley y por lo tanto “era totalmente
inconstitucional”.
En vista del anterior problema técnico jurídico, la
Asamblea Legislativa se dio a la tarea de buscar una nueva Ley que pudiera
sustituir a la Ley de Propiedad Horizontal. Así, el 25 de noviembre de 1999 se
publica en La Gaceta número 229 la Ley N° 7933 denominada: “Ley Reguladora de
la Propiedad en Condominio”, que es la nos rige actualmente.
No obstante las mejoras que introdujo la Ley Reguladora
de la Propiedad en condominio, con su aplicación práctica se evidenciaron
problemas y vacíos legales que no fueron regulados en ella, lo que dio lugar a
imprecisiones y acciones de inconstitucionalidad contra sus disposiciones.
Podemos decir con certeza que el régimen establecido en
la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio hace referencia a la naturaleza
jurídica propia de la Propiedad Horizontal. Sin embargo, el término condominio
no fue utilizado de manera acertada para describir el régimen establecido en la
Ley, pero es comprensible su utilización por parte del legislador con el fin de
evitar la limitada aplicación que proveía la Ley de Propiedad Horizontal y su
encuadramiento exclusivo a edificios de más de un piso, extendiendo su
aplicación a desarrollos de tipo horizontal, vertical y mixto.
En 1999, en el Condominio El Portón, se nos vendió la
idea que el reglamento ameritaba que se hiciera un tratamiento diferenciado
para la modificación de ciertas normas del reglamento del acta constitutiva que
chocaban con la nueva ley. Sin embargo las personas que lo hicieron modificaron el reglamento proponiendo
soluciones que se adecuaron a la realidad práctica del condominio y descuidaron
las diferencias entre las filiales. Así consta en el Registro Inmueble inscrito
al Tomo 492, Asiento 12319, Consecutivo 01, Secuencia 002 la modificación del
reglamento aprobado por 32 condóminos.
La cuota
de mantenimiento:
Al promulgarse la Ley de Propiedad en Condominio se
estableció en su artículo 20 que la certificación de sumas adeudadas por los
condóminos, expedida por el Administrador del condominio y debidamente
refrendada por un Contador Público Autorizado constituiría un título ejecutivo
hipotecario. Sin embargo, al igual que el artículo 32 de la Ley anterior, este
artículo fue declarado como parcialmente inconstitucional ya que le confería
potestad certificadora a un sujeto privado: el administrador del condominio.
El voto entonces declaró parcialmente inconstitucional el
artículo 20 y lo reformó eliminando la posibilidad de que fuera el
administrador del condominio quien pudiese
emitir esa certificación y estableció que la certificación debía ser emitida
por un contador público autorizado. Con esta reforma parcial, se creó un vacío
en la Ley ya que en lugar de contarse con un procedimiento expedito y eficaz
para cobrarles las sumas adeudadas por concepto de gastos comunes a los condóminos,
se crea la obligación de acudir a un proceso ordinario civil. En ese proceso
ordinario civil se determinará el monto que adeuda el condómino por concepto de
cuotas de gastos comunes y a la vez se le garantiza al condómino deudor un
debido proceso que incluye todas las garantías procesales establecidas en
nuestra Constitución Política. Se cree que prevalece entonces la defensa de
quien incumple, en detrimento de todos los demás condóminos que se ven obligados
a sufragar las cuotas no pagadas por los morosos en espera del resultado de un
largo proceso ordinario. Este hecho no es totalmente cierto para el condominio
El Portón el cual estableció una cuota desde el año 2000 que superaba a los
gastos ordinarios y que hasta el día de hoy año con año se ha venido
incrementando ilegalmente en un 10% según modificación al reglamento original, sin
ninguna regulación por parte de los condóminos que asisten a la Asamblea
Ordinaria.
El
Reglamento de la Ley:
Seis años después de la promulgación de la Ley 7933. Así
en La Gaceta número 74 del 19 de abril de 2005 se publica el Decreto Ejecutivo
N° 32303-MIVAH-MEIC-TUR denominado Reglamento a la Ley Reguladora de la
Propiedad en Condominio. Este reglamento derogó el controversial Decreto
Ejecutivo N° 26259-
MIVAH-MP y finalmente vino a regular la aplicación de la
Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, pero, como ha sido el caso en el
desarrollo histórico de este tipo de propiedad, la legislación ha fallado en
satisfacer las necesidades de quienes solicitan y utilizan este tipo de
propiedad.
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